Las autoridades de Bahrein anunciaron el domingo que tomarían "medidas severas" para rastrear a los disidentes que usan las redes sociales, mientras la monarquía del Golfo aumenta su control sobre la oposición política.
Los sitios de redes sociales, especialmente Twitter, son una plataforma importante para los activistas de derechos humanos en el pequeño reino, que según Amnistía Internacional ha despojado a cientos de disidentes de la ciudadanía en casos que no han cumplido con los estándares de un juicio justo.
El ministro del Interior, Sheikh Rashid bin Abdullah al-Khalifa, dijo que el gobierno estaba adoptando "medidas severas para hacer frente a un caos sin precedentes mediante las perturbadoras cuentas de las redes sociales", en un comunicado publicado por la agencia de noticias oficial de Bahrein.
El ministro no identificó ningún relato, pero dijo que algunos habían sido denunciados por las autoridades por “difundir rumores maliciosos que golpean el corazón del tejido social y la paz civil”.
"No estamos lejos de rastrear a los que están detrás de esto y emprender acciones legales contra ellos", dijo Khalifa, y agregó que si es necesario, se podría aprobar una nueva legislación.
Las autoridades en Bahrein gobernado por los sunitas, un pequeño reino de mayoría chiíta estratégicamente ubicado entre Arabia Saudita e Irán, han encarcelado a docenas de activistas y desmantelado grupos de oposición religiosos y seculares desde que estallaron las protestas a favor de la democracia en 2011.
El gobierno ha acusado a las autoridades iraníes de respaldar el movimiento de protesta en un intento por derrocarlo. Teherán niega su participación.
El activista bahreiní Nabeel Rajab, una figura destacada en las protestas, ha estado tras las rejas desde 2015 por tuits críticos de la intervención liderada por Arabia Saudita en Yemen.